Comparen ustedes mismos:
Redacción actual del artículo 135 de la espuria Constitución Española:
con la:
Redacción propuesta e impuesta por el PP$O€ (es decir, por el brazo político del capital) a los pueblos de España.
En especial, me quedo con la redacción del artículo 2:
Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
Que pasa al artículo 3 con la siguiente redacción:
[...]
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
Es decir, incluimos en la Constitución la obligación autoimpuesta de pagar las deudas (principal e intereses) antes de cualquier otra partida, ya sea educación, sanidad, pago de salarios, de prestaciones de desempleo o de pensiones. Recuerda la situación neocolonial de países que destinaban al pago de la deuda más de la mitad de su presupuesto, priorizando la devolución de esta a atender las necesidades imperiosas de nutrición y salud de su población, ante el chantaje permanente del FMI.
La redacción constitucional impide, además, rechazar el pago de parte de la deuda por considerarla ilegítima. Ahora que los pueblos de América empiezan a escapar del yugo económico que le había impuesto el capitalismo internacional con su trampa de deuda, el gobierno firma en nuestro nombre la disposición de uncirnos al mismo yugo que nuestros hermanos americanos han arrojado. La latinoamericanización de Europa, un déjà-vu de ruina económica de los años 80. Sólo falta una subida de tipos de interés (por ejemplo, para luchar contra una inflación externa provocada, por ejemplo, por una carestía en el petróleo o los alimentos) para poner a los estados europeos en situación de quiebra, pero sin tener la libertad de presentarla.
Y termino de leer el nuevo artículo 3:
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Perdida la autonomía monetaria, ahora también deponemos la autonomía fiscal, supeditando nuestra economía a los intereses del ombligo de Europa, que está en algún punto de la línea que une París y Berlín. Recordemos que fue la política de tipos bajos del BCE lo que exacerbó la burbuja española (en una época en que las economías de Francia y Alemania languidecían y necesitaban de ese estímulo) y luego, cuando se reactivaron sus economías, subieron los tipos quebrando la espina dorsal de muchas empresas y economías domésticas que no podían hacer frente a las deudas contraídas durante la orgía del dinero barato, en un contexto económico que ya empezaba a deteriorarse.
Acabamos de presenciar en EEUU un lamentable espectáculo de chantaje político, motivado al establecimiento de un techo de deuda pública. De hecho, en EEUU es el Tea Party el que defiende, incluso contra la opinión de la parte del Partido Republicano menos sanguínea y más racional, la inclusión en su constitución de un artículo que fuerce el equilibrio presupuestario. Es una idea de la extrema derecha neoliberal que una vez propuso aquí Raxoi y fue por ello justamente ridiculizado, y que ahora abraza el P$O€.
Lo que antes ser muy mal
permanecer todo igual
y hoy resultar excelente.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
Porque reflexionemos sobre lo que es, o debería ser, una constitución. Un texto constitucional es el pilar sobre el que se construye un Estado, en él una sociedad se autodefine, hincando en tierra a modo de cimientos unos principios básicos sobre los cuales desarrollar toda una estructura jurídica y administrativa. Estos cimientos deben ser sólidos, perdurables en el tiempo, y por ello sólo se deben incluir en el articulado principios en los que la inmensa mayoría de los ciudadanos esté conforme, hoy, y se espera que en un futuro. Estamos hablando de principios tales como el derecho a la integridad física, a la libertad de conciencia, a disponer de las condiciones materiales que permitan un desarrollo humano…
La Constitución Española, negociada bajo la amenaza de los cañones del ejército, incluyó por ejemplo la monarquía como medio de cooptación a la jefatura del estado, algo que en lo que ni mucho menos la inmensa mayoría de los españoles estaban, ni estamos de acuerdo. España se definió, contra la opinión de muchos españoles, como un Reino, una monarquía, poniendo a su cabeza, de entre 35 millones de españoles, al ciudadano Juan Carlos Bourbon; dando por bueno el nombramiento sucesorio del general Franco. Esta monarquía se remachó como hereditaria (el origen de las monarquías europeas es electivo, entre un grupo de nobles), imponiendo las veleidades de la genética regia a la voluntad de las sucesivas generaciones de españoles.
Quería poner este ejemplo de las consecuencias para el futuro que tiene incluir en la Constitución un principio polémico, que no representa la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos. De esta forma, una parte de España impone a la otra un principio, y previniendo un posible cambio en la relación de fuerzas lo remacha en la Constitución haciéndolo prácticamente inmutable (pues para cambiarlo se necesita el concurso de la derecha, por mucho que esté en minoría). Es de esta forma, una minoría del pasado puede imponer, durante décadas, un principio a una mayoría del presente.
En el mundo de la economía se libra desde hace décadas una batalla tan antagónica como lo puede ser la confrontación de republicanos y monárquicos. Para defender sus escuelas se menciona a sus dos primeras espadas, Keynes (autor totémico de la socialdemocracia) y Hayek (de la escuela austriaca y considerado padre del neoliberalismo económico). En tono de humor, y desde una postura claramente favorable a éste:
Un resumen (desde el punto de vista de un seguir de aquél) más serio de la discusión podemos verlo en esta entrada: La nueva contienda entre Keynes y Hayek.
En realidad, no tengo preferencia por ninguno de estos dos personajes, pues mis principios no pasan por reconocer la legitimidad de la propiedad privada. Bueno, desde luego, creo que si tuvieran vergüenza los que propugnaban la desregulación de los mercados de capitales deberían, después de la que han armado, recluirse a perpetuidad en una lóbrega celda y dedicar el resto de su vida a la meditación. No parece que ese vaya a ser el camino elegio por Rodrigo Rato, defensor y difusor de los vehículos de inversión como la titulización de las hipotecas subprime que, decían, iban a eliminar de riesgos el sistema. Los neoliberales, a partir de los reinados de Thatcher y Reagan, fueron ganando batallas y desactivando los sistemas de seguridad de los que la economía mundial se había dotado tras la Gran Crisis de los años 30 (por ejemplo, la derogación de la ley Glass-Steagall que separaba la banca de inversión de la comercial, a modo de cortafuegos, durante la presidencia de Clinton).
En cuanto a la crisis de deuda, que es el episodio actual de la crisis, podemos agradecérsela a la subfinanciación pública a que nos llevó la obsesión neoliberal por bajar los impuestos (abrazada por el P$O€ versión neoliberal en “bajar los impuestos también es de izquierdas”).
Pero no quiero seguir. Esa es mi opinión, la (in)modesta opinión de uno de los 45 millones largos de ciudadanos españoles (las estadísticas no cuentan los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que conviven en nuestra sociedad). En cualquier caso, quiero dejar claro que la confrontación entre Keynes y Hayek, en especial, la respuesta que se debe dar ante una crisis económica, dista mucho de ser un debate cerrado. Los Estados que aplicaron la receta neoliberal des desapalancamiento y de avalar con dinero público las inversiones privadas están teniendo peor comportamiento que los que han aplicado una expansión fiscal, con paquetes de estímulos (catastrófica situación de Letonia, Irlanda o Grecia, los países que han seguido más fielmente los dictados del FMI). Es decir, parece que por el momento va ganando Keynes, aunque concedo que es demsiado pronto para conceder una victoria y que el tiempo dará y quitará razones. Tenemos el ejemplo y advertencia de América Latina, para saber a dónde conducen la tesis neoliberales, para quien se resista a repetir la historia.
Pero ¡basta! No soy yo quien quiero consagrar mi opinión, litificándola en forma de artículo en la Constitución. Como dije, es una discusión abierta y muchas de las consecuencias del debate superan mi limitado conocimiento (ni qué decir entonces de los débiles mentales que se sientan en los escaños del Congreso y Senado). Reconozco la legitimidad de los discípulos de Hayek a defender sus planteamientos e incluso considero razonables y dignas de estudio sus ideas (no sus conclusiones interesadas). Pero no consiento que en la Constitución se declare vencedor a Hayek con efectos sobre las generaciones venideras, que viene a ser tanto como incluir en la misma que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta). Convicción muy respetable, pero discutible, y que no compartimos la inmensa mayoría de los españoles (ni la doctrina de Mahoma ni la de Hayek, digo).
Sin embargo, el forzar en la Constitución el equilibrio presupuestario significa que España se define como un Estado neoliberal. Exactamente, una monarquía hereditaria neoliberal. Si el Estado no puede incurrir en déficit para hacer frente a una recesión con una expansión fiscal (políticas anticíclicas). Con la redacción propuesta (e impuesta) por el PP$O€ estamos poniendo a Keynes fuera de la ley, considerando al Keynesianismo (y, por lo tanto, a la tradición socialdemócrata antes de que la Nueva Vía de Schröeder, Blair y Zapatero capitulara frente al neoliberalismo) como contraria a la Ley General que es la Constitución. En el futuro, que gane las elecciones tal o cual partido será aún más irrelevante, ya que la única política económica legal, constitucional, será la neoliberal en su versión más dura (de todas las concesiones que Obama hizo al Tea Party, incluidos los recortes de MediCare y MedicAid, no le arrancaron el compromiso que ahora Zapatero promueve).
Quiero decir, no será ilegal ser socialdemócrata, como no lo es ser independentista o socialista. Pero será inconstitucional pretender llevar esas ideas a la práctica. Eso sí, siempre se podrá (o no) jugar con ellas, ladrar tu rencor en las esquinas, que para eso vivimos en una democracia. Una democracia que, no como en la Grândola cantada por o Zeca, o povo nom é quem máis ordena. Más bien, aquí el pueblo no pinta nada.
Por supuesto, no he firmado la petición que promueve el profesor Navarro a los diputados y senadores para que exigir que haya un referendo sobre esta reforma constitucional. Sé de antemano el resultado y, además, no creo que pidiendo se consiga nada. Simplemente, no confío en los parlamentarios y ya, ni siquiera, en el parlamentarismo. Sólo yo me represento, y no delego en nadie mi responsabilidad ante la res publica, ni quiero ser súbdito ni soy idiota (ἰδιώτης). Democracia representativa es el eufemismo bajo el que se esconde la oligarquía (gobierno de unos pocos, aunque legítimo ya que elegido, ilegítimo en cuanto a que esta elección rompe el principio de proporcionalidad directa). No pido nada porque no espero nada de sus señorías. Simple y llanamente.
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A continuación, mi (in)modesta visión del asunto del límite de déficit, que no pretendo establecer como dogma ni considero ni mucho menos definitiva como para proponer incluir en una carta fundacional. Sólo unas reflexiones.
La deuda pública española es del 65% del PIB. La deuda pública alemana es del 80% del PIB y la deuda federal usamericana, aún sin incluir las de sus endeudados municipios, de su Seguridad Social ni los agujeros de los bancos y compañías nacionalizados desde 2008, supera el 100% de su descomunal PIB. No parece que en España exista un problema de deuda, no al menos de deuda pública.
Como sabemos todos los que hemos procurado informarnos del tema en lugar de ver los telediarios, el problema de deuda que tiene España no es de deuda pública, sino privada. La deuda privada, es decir, la cantidad adeudada por particulares, empresas y bancos, asciende al 300% del PIB, y este esta cifra la que coloca a la economía española en una situación de grave peligro. Recordemos que gran parte de esta deuda proviene del dinero pedido por familias y empresas a los bancos, y estos al capitalismo internacional, para inflar la burbuja inmobiliaria que los sucesivos gobiernos promovieron (desregulación del suelo, desgravaciones fiscales a la compra de vivienda y que MAFO, desde el Banco de España, no supo detectar ni consideró necesario desactivar, demasiado atareado en pedir moderación salarial y el abaratamiento del despido).
Por lo tanto, si es el sector privado el que tiene un serio problema con la deuda ¿no sería lógico que fuera primero este sector el primero en ser regulado su límite de endeudamiento?
Pongo un ejemplo. La deuda de Telefónica, la privatizada compañía de telecomunicaciones, asciende en el Q2 a 59.863 millones de euros. Su beneficio anual de 2010, a 10.167M€. Es decir, la deuda de esta compañía asciende al 589% de su “PIB”, tendría que dedicar los beneficios íntegros de seis ejercicios para saldar su deuda.
Si tan saludable es poner límites al endeudamiento ¿por qué no se los ponemos a las empresas privadas? ¿Qué opinarían los consejeros de Telefónica (sigo con el ejemplo) si limitásemos por ley su enloquecida espiral de deuda? Se subirán por las paredes, y argumentarán que necesitan endeudarse para poder crecer, generar rendimientos futuros.
Efectivamente, no hay más preguntas. Por eso necesitamos permitir que un Estado se endeude, para financiar (a un tipo muy favorable, hasta la crisis especulativa) el desarrollo y permitir crecimientos futuros de la productividad.
Pongo otro ejemplo. Imaginemos que en la Constitución subiésemos un artículo que obligase a los particulares a presentar un presupuesto familiar plano, es decir, les prohibiese asumir deudas. ¿Cómo harían la inmensa mayoría de las familias para acceder a una vivienda? Imposible. No tendrían otra opción que vivir siempre de alquiler (que no es una alternativa a la propiedad, antes bien es la glorificación de la propiedad…ajena, la alternativa a la compra es la colectivización del suelo). De igual forma, si a una empresa le impedimos endeudarse, no podrá por ejemplo adquirir nueva maquinaria, y tendrá que recurrir a contratos de leasing, es decir, de arrendamiento. Estupendo para las grandes empresas con músculo financiero para adquirir nuevo equipamiento y arrendarlo, aciago futuro para las empresas que no puedan, pues limitará su crecimiento).
Y tal es la razón por la cual la extrema derecha neoliberal pretende limitar el endeudamiento del Estado, a la vez que le niega el derecho a gravar las rentas del capital. De esta forma, el Estado está cada vez más limitado económicamente, y conduce necesariamente a la progresiva reducción de su tamaño, cediéndole terreno al capital privado (los grandes caramelos, la educación, la sanidad y las pensiones). El límite de deuda es una estrategia que conduce a la paulatina liliputización del Estado, fin último del liberalismo económico que el P$O€ pretende consagrar como valor supremo incluyéndolo en la Constitución. Con Estado miniaturizado, maniatado, que no sea capaz de ofrecer oposición al poder del Gran Capital, los ciudadanos perderemos el instrumento de defensa, estaremos a merced de los mercados. El paraíso del capitalismo.
Un ejemplo. El modelo neoliberal de sanidad que se está promoviendo en Galicia (copia de los modelos valenciano y madrileño, que tanto han contribuido a desmantelar la sanidad pública). Una ciudad (pongamos Pontevedra, Vigo o cualquier otra) precisa de un nuevo complejo hospitalario. La opción habitual es que la Xunta lo promueva y gestione. Como no tiene ese dinero (que se ha empleado en otras cretinadas prioridades, como A Cidade da Cultura) emite deuda para sufragarlo. Deuda cuyos intereses solían ser pequeños y cuyo pago compensa sobradamente por el beneficio de disponer de un hospital en propiedad.
Sin embargo, si encarecemos la financiación del Estado, o si un precepto constitucional impide a las administraciones públicas endeudarse, la Xunta tiene que recurrir a la iniciativa privada. Por el momento, no pone ni un duro, pues es el sector privado (bancos y constructoras) quien construye el hospital y lo gestiona. Sin embargo, la Xunta se compromete a pagar anualmente una cantidad (que bien podemos considerar un arrendamiento) a estas empresas durante los próximos 50 años (a esto se le llama visibilidad de beneficios). Nominalmente, la Xunta no se ha endeudado. Realmente, la Xunta se ha cargado con una deuda (tal es el nombre de un compromiso de pago) por un montante muy superior al que le hubiera supuesto construir y gestionar directamente el nuevo hospital, como se hizo siempre. Es lógico, las empresas quieren llevarse un -jugoso- margen de beneficios a cuenta del bolsillo del contribuyente y de situar a la sanidad pública en una situación deficitaria por tener que hacer frente a los pagos de esta sanidad “arrendada”. Por evitar cargarse con 120M€ de deuda, la Xunta firma un compromiso de pago de 10 M€ anuales durante los próximos 50 años. Ni la magia del interés compuesto arregla las cuentas de tan desastroso negocio para los ciudadanos gallegos (en la misma medida que es lucrativo para los bancos y constructoras de la UTE adjudicataria).
Es un ejemplo, podemos referirnos a una educación pública subarrendada por el sistema de conciertos a fundaciones privadas que ponen el cazo a dos manos, a los padres y al Estado. Et cætera.
En resumen, el desmantelamiento del Estado es un estupendo negocio para unos pocos, pero nos va a salir muy caro a la gran mayoría.
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La inclusión del artículo neoliberal en la Constitución es la última de las agresiones del P$O€ al modelo social que habíamos pactado en la Transición a cambio de soportar al Bourbon y su prole y renunciar a la independencia de las naciones históricas. La penúltima es permitir el encadenamiento indefinido de los contratos temporales, en una clara apuesta del ejecutivo por reducir la temporalidad en el empleo (igual que el abaratamiento del despido fue una forma de promover la creación del empleo, cuyos resultados a la vista están, lo siguiente será curar el alcoholismo con una botella de vodka).
Por todo este rosario de agresiones, he decidido prohibir la entrada a esta bitácora a afiliados, simpatizantes o votantes del P$O€. En este mundo se puede ser de izquierdas o se puede ser de derechas, lo que debería ser delito es ser tan gilipollas. Como a mí este chiringo no me da de comer, te ruego que si eres votante del P$O€ o piensas serlo en próximas elecciones, salgas de este mi espacio y no vuelvas jamás. No eres bienvenido. Como ya dije antes, tu voto me lastima, me humilla, me empobrece.
Tampoco tienen permiso para entrar los miembros de los cuerpos policiales, ni cualquier pistolero, matón o encapuchado, porte el uniforme que porte.
La calle es vuestra, la democracia es vuestra, pero este espacio es mío.
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Y ahora, una colección de enlaces sobre el tema del límite de déficit y su inclusión en la Constitución:
Vicenç Navarro – Un referendum necesario
Alberto Garzón – Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda
David Lizoain – El insoportable error del 0,4%
Juan Torres – Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP
Amantes de la deuda
Alberto Montero – La dictadura económica europea
Jesús Gómez – Cinco minutos
Iñaki Gabilondo – La democracia se rinde
ATTAC – Ciudadanos y mercados
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Edito. En mi opinión, el mejor:
Gurus Blog – La diabólica cláusula de la Reforma de la Constitución
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En Videoteca Alternativa podemos encontrar un vídeo explicativo sobre el significado de esta reforma:
