Ya que las leyes físicas se resisten a ser unificadas, intentaré resumir la crisis que estamos viviendo en una explicación de conjunto que muestre la perspectiva de todo el bosque, y no de la maraña de árboles que son las desgracias que día a día estamos sufriendo, el bosque en el que estamos perdidos.
En España no tenemos un problema de deuda pública. Sabemos que nuestra deuda pública es inferior a la de Alemania, a la de Francia, muy inferior a la de UK y la mitad (siempre en términos relativos al tamaño de la economía) de la deuda pública de EEUU (una vez computada la deuda de todas sus administraciones y sistemas públicos).
El problema, y todos los sabemos, es la deuda privada, provocada en su mayor parte por la burbuja del ladrillo de la que sólo una minoría alertó, mientras los demás le añadían gasolina.
Construimos, y pedimos prestado para construir y adquirir, una enorme cantidad de riqueza.
Bien, ahora con la burbuja desinflándose (y con el gobierno y los bancos haciendo todos los trucos posibles para mantener artificialmente los precios, y que no haya una fuerte corrección como en Irlanda, como en UK o los mismos USA)…todo ese montón de ladrillos ha perdido valor. Un 30% en primera vivienda, un 60% en vivienda residencial, y hasta un 95% en suelo. Y con él, todas las inversiones en industria auxiliar que orbitaba en torno al ladrillo (que, en sucesivas cascadas, ha resultado ser media economía).
Es decir, en el subsistema económico llamado Estado español ha habido una destrucción de riqueza. Una descomunal destrucción de riqueza, correspondiente a la devaluación de nuestras costas enladrilladas. Tenemos una pérdida contable, un agujero en nuestras cuentas.
Y ahora, la pregunta ¿quién paga los platos rotos?
La respuesta lógica, en un Estado de Derecho es: quien tenga ladrillo en su balance. Quien haya hecho una mala inversión, tendrá que pagar las consecuencias.
A nivel de particulares, así está siendo. Los que compraron en la parte alta de la burbuja, ahora pagan de mala manera la hipoteca, sabiendo que su casa vale menos que lo que les queda por pagar de hipoteca (es decir, están en una situación patrimonial negativa, sus deudas valen más que el valor de sus posesiones). Si falta el trabajo, dejan de pagar la hipoteca, y ahí el Estado es firme, dura lex, sed lex, y ejecuta sin contemplaciones los desalojos de quien no puede hacer frente a las letras.
El pobre españolito que compró su casa en mal momento, ahora está sufriendo el castigo sin paliativos de una inversión mal efectuada.
Sin embargo ¿quién es el mayor propietario de toda esa basura ladrillera creada durante la locura constructora? Los bancos. Los bancos tienen un descomunal problema cifrado por el BdE en 176.000 M€ (con lo que debe ser mucho más) en exposición al ladrillo, entre crédito subestandard a constructoras y promotoras y activos ejecutados (en román paladino, préstamos que o ya han incurrido en mora, o se espera que lo hagan en próximos ejercicios, además de la cartera inmobiliaria de los bancos que se han adjudicado cuando la promotora no podía más en pago por ese préstamos, para no tener que provisionar ese crédito fallido).
Y ahora es ¿Quién va a pagar la factura por ese agujero de 100, 200, 300.000 M€?
Si el particular apechuga con los perjuicios derivados de su hipoteca, qué menos que exigir que un señor banco, que cuenta con mucha más información y visión del mercado que un particular (que fue engañado y manipulado por los vendedores del banco para hipotecarse hasta las orejas), asuma las consecuencias derivadas de su mala política de inversiones y su exposición al ladrillo.
Al menos, el banco tendrá que asumir la misma responsabilidad que el particular ¿no? Y responder del agujero contable con todo su patrimonio ¿NO?
Y aquí está el meollo de la cuestión, la clave de bóveda de todo este asunto. Los bancos tienen unas pérdidas patrimoniales derivadas de la pérdida de valor del ladrillo. Y, para ello, tendrán que cubrirlas. Para ello, no hay muchos caminos:
a) si son pequeñas, tendrán que dedicar beneficios durante varios ejercicios a cubrir esas pérdidas en su cartera, y por lo tanto DEJAR DE PAGAR DIVIDENDOS a los accionistas (no hay beneficio distribuible, no hay dividendo).
b) si son grandes, tendrán que realizar una AMPLIACIÓN DE CAPITAL, acudiendo al mercado para recolectar los fondos que les faltan para cubrir ese agujero en su balance. Esto supone, por supuesto, una dilución de valor de los accionistas y su consecuente desplome en bolsa.
c) y si los mercados consideran que el banco no es viable, no podrán captar los fondos que necesitan vía ampliación de capital, y tendrán que DECLARARSE EN QUIEBRA. En ese caso, el Estado garantizará los depósitos hasta 100k€, se venderán los activos para cubrir el pasivo y los accionistas y bonistas de ese banco (incluídos los desgraciados que se hayan dejado embaucar con lo de las participaciones preferentes) verán cómo su inversión se volatiliza.
Si España fuera un Estado de Derecho y siguiera la mínima moralidad que tiene un sistema capitalista, los bancos, y en última instancia sus accionistas, tendrán que asumir las consecuencias de una mala inversión, igual que lo hacen todos los días los españoles que hacen frente a una hipoteca desmesurada mientras sobreviven en un mercado laboral plagado de trampas y tiburones.
¡pero no!
Mientras se deja que el ciudadano naufrague y sea devorado por la corriente, se hace todo lo posible porque los accionistas de los bancos (que son a su vez otros bancos y fondos de inversión internacionales) no asuman las pérdidas derivadas de una burbuja en cuya creación, sin lugar a dudas, tuvieron un altísimo grado de responsabilidad.
Así, tenemos un sistema bancario zombie, que se niega a reconocer que está muerto, y sigue deambulando por la economía, chupando la sangre de la economía productiva, robando la vida a otros por no resignarse a perder la suya.
Y al final, todo el problema se circunscribe a esto, los bancos no quieren asumir las pérdidas derivadas de sus malas inversiones durante la burbuja de activos que se produjo en los primeros años del nuevo milenio, a consecuencia de una política monetaria extremadamente laxa y una ausencia de regulación de los mercados de capital. En España y otros países adoptó la forma de burbuja inmobiliaria, en otros como Grecia, de deuda pública.
Y la banca mundial, por no reconocer sus pérdidas y darse cuenta que su corazón se paró hace tiempo, en aquel aciago Septiembre del 2008, trata de ganar tiempo y endosarnos sus pérdidas al conjunto de la ciudadanía. Por salvar al 1% de la población, que son los accionistas de esos bancos, se castiga al 99% con una crisis de la que no se ve el final.
Porque los bancos lo primero que quieren ganar es tiempo, tiempo para recomponer sus balances, haciendo acopio de todos los recursos posibles, convirtiéndose en un agujero negro de capital, que no deja escapar ni los fotones. De esta forma, seca la economía, que sin acceso al crédito languidece. El Estado, que tiene miedo a que le llamen intervencionista, comunista, o cosas peores, deja morir su tejido productivo por no querer hacerle la competencia a la banca y ofrecer por medio de la banca pública el crédito que la banca privada no concede.
Por supuesto, también quieren pasarle la factura a la sociedad de una manera más o menos subrepticia.
Con los salvatajes a la banca, primero préstamos a bajo interés cuando decían que era sólo un problema de liquidez. Cuando quedó claro que era un problema de solvencia, los Estados compraron esos bancos para evitarles las pérdidas a los accionistas. Los sanearon con dinero público y ahora los están volviendo a sacar a la venta con pérdidas para la sociedad. En Inglaterra acaban de vender el nacionalizado Northern Rock asumiendo unas pérdidas para el Estado de 650 millones de libras (que, si todo marcha bien, se podrían reducir a 400M€). En España, allá por Julio ya nos habíamos gastado 13.200 M€ en rescatar a las cajas (habíamos, digo bien, porque es dinero público, tuyo y mío) y la factura se espera que llegue a los 43.000M€. Y aún quedan los bancos, para los cuales los 26.000 que estiman en Europa es probable que se multipliquen por 5 ó por 10, dada las cifras de exposición al ladrillo (que, como hemos dicho, son del orden de los cientos de miles de millones de euros).
Otra forma de socializar las pérdidas privadas es mediante la creación de un bad bank público. De esta forma, el Estado compraría a los bancos toda su basura tóxica, a precio de libros. Como decía hace poco, eso supone comprarle al frutero todo un cargamento de manzanas podridas, a sabiendas que están podridas, a precio de manzanas sanas. Para el frutero estupendo, que se desembaraza de toda esa porquería, no tiene que contabilizar pérdidas y evitar que las podridas le estropeen todas las demás. Pero para el Estado es un negocio ruinoso y, de hecho, a ningún frutero le viene papá Estado a salvarle el culo cuando se le echa a perder todo un cargamento de manzanas. Papá Estado sólo está para salvar a los bancos, salvar las inversiones del 1%, no para salvar a las ciudadanos que tienen que ver siempre el lado estrecho del embudo, que sufrir la cara amarga del capitalismo.
Cara, ganan ellos; cruz, perdemos nosotros.
Los Estados europeos encontraron otra forma de alimentar a la bestia sin crispar los ánimos con ayudas directas: el BCE abrió la barra libre de liquidez a tipos extraordinariamente bajos, y los bancos se surtían de ella, descontando en el BCE todos sus activos tóxicos (fue obligado a reducir la calidad de los activos que admitía, hasta convertirse él mismo en un “banco malo”) a cambio de dinero contante y sonante que, a su vez, lo reinvertían en deuda pública. En vez del BCE comprar deuda directamente en el primario, presta dinero a los bancos comerciales para que estos, a su vez, compren esa deuda soberana, quedándose los bancos con la diferencia. Evidentemente, el negocio es más lucrativo cuanto mayor sea el diferencial entre el dinero prestado y los títulos de deuda adquiridos, lo cual explica parcialmente los altos tipos que alcanzan en este momento (Italia lleva con esa deuda más de 20 años y no pasaba nada, España es uno de los países europeos menos endeudados y con Grecia…con Grecia parece que se les fue la mano y a base de exprimir las ubres de la vaca, han acabado por matarla).
Cuando acabe esta crisis y se haga balance de daños, se observará un avance de las rentas del capital sobre las rentas del trabajo en la riqueza de los países. Es decir, la victoria del 1% sobre el 99% que vive del fruto de su trabajo, traducible en un incremento en la desigualdad. A este periodo histórico que hemos venido en llamar “crisis” es un prisma que puede ser observado desde muchos ángulos, y todos ellos son (han de serlo, pues sólo existe una realidad) complementarios. Esta crisis es, por ejemplo, un periodo de desapalancamiento global tras la orgía crediticia. También es un periodo intermedio entre el equilibrio monopolar que surgió tras la caída del Imperio Sociético, y el nuevo orden multipolar con un centro de gravedad económica reorientado hacia Asia. Pero esta crisis, además, es una guerra de clases pura y dura, en que la aristocracia económica primero paró el golpe, mantuvo sus privilegios, y ahora contraataca ferozmente buscando la victoria total.
La crisis ha dejado un boquete en la riqueza de los países, y la burguesía piensa cerrar ese agujero con nuestros cuerpos. Sin tanta metáfora: las empresas, para mantener su cuenta de resultados, han declarado la guerra al trabajador y piensan compensar su caída de beneficios con reducciones de salario (aumentan el margen de explotación para compensar la caída en el margen de beneficio). Se reducen los salarios directos, como consecuencia del paro y de la proscripción de la negociación colectiva (acabar con la negociación colectiva es sinónimo de reducción salarial, sólo que suena mejor). Reducen los salarios indirectos al reducir servicios públicos como la sanidad o la educación, que el trabajador tendrá que costear. Y reducen los salarios diferidos reduciendo las prestaciones por desempleo y jubilación (en tiempo de cobertura y cuantía).
Otra de las formas que adopta esta lucha de clases (aunque cuando los palos caen invariablemente de un lado, mientras que el otro es privado incluso de identificar al agresor, no sé hasta qué punto puede llamarse lucha, y no más bien carnicería, linchamiento económico de las clases adineradas al resto de la población); otra de las formas que adopta, decía, es la reforma laboral, que se vende absolutamente necesaria para crear trabajo (la que hubo, se considera por parte del poder económico fue demasiado tenue, a pesar que, desde ella, tenemos 250.000 parados más). Esa reforma es absolutamente necesaria para abaratar la mano de obra, aumentando la arbitrariedad del empleador para despedir al trabajador que no se muestre sumiso a aceptar condiciones ilegales (no pagar complementos, horas extras, trabajar en condiciones inadecuadas…). El problema en España no es de rigidez del mercado laboral, sino de falta de demanda tanto de bienes como de servicios, que provoca una caída en la demanda de mano de obra. No hay sillas para todos, y por mucho que se flexibilice el reparto de puestos de trabajo, siempre habrá menos que personas necesitadas de trabajar, y por lo tanto no variará el número de las que se quedarán de pie, paradas.
En todo caso, una reforma laboral produciría un aumento indirecto de la contratación al rebajar los salarios, aunque en vez de usar este margen para contratar a más trabajadores (¿por qué iba a hacerlo? si no se modifica el volumen de producción, ningún empresario contrata, aunque sea gratis, para tener al trabajador de brazos cruzados) el empresario lo percibirá en forma de beneficios (igual que las subvenciones para la contratación, que es puro beneficio empresarial). A medio plazo, una caída en los costes medios unitarios provocará una reducción en la inversión en equipos, propiciando un modelo productivo basado en la mano de obra barata, de baja productividad, especialización y valor añadido.
Desde los más directos de las ayudas, avales y salvatajes bancarios; a los indirectos como la reforma laboral, todas ellos son mecanismos de transferencia de renta de las clases trabajadoras a la clase pudiente, formas que tienen los accionistas y bonistas (es decir, de los capitalistas) de evadir las consecuencias de sus inversiones, de transferir sus pérdidas a toda la sociedad, de salir de la crisis, no sólo sin ver mermado su patrimonio, sino habiendo conquistado mayor espacio de poder económico y (por lo tanto) político.
En el permanente estado de excepción que vivimos en esta crisis, los económicamente privilegiados pretenden mantener y aumentar su nivel de renta mientras nos mantienen en permanente estado de shock. Al grito de ¡el barco se hunde! nos obligan a tirar por la borda, nosotros mismos, nuestros derechos, libertades y pertenencias, aligerar carga para ellos puedan mantener sus privilegios, poder y patrimonio.
Al final, todo este dolor a la población es causado porque los bancos se resisten a hacer unas ampliaciones de capital, y los accionistas a reconocer esas pérdidas, derivadas de la resaca tras la burbuja económica. Y están moviendo todos los hilos para evitar pagar esa factura, y pasárnosla a nosotros de mil formas distintas.
No es una crisis. Es una argucia. Es una estafa a todo un pueblo.
