La mirada del mendigo

20 abril 2009

Informe Auken

Filed under: ladrillo — Mendigo @ 11:40

En El gran robo ya mencionábamos el Informe Auken.

Ahora, WenMusic nos muestra el citado informe, en castellano, vía Notitia Criminis.

El texto íntegro, en castellano, del informe, está aquí.

Para seguir su proceso parlamentario, la adición de enmiendas, etc, podéis visitar la página del Parlamento Europeo (bastante más transparente al ciudadano que el Español). En la misma página también hay acceso al informe completo.
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Recordemos que este informe fue boicoteado por los grupos que hegemonizan la corrupción en España: P$O€ y PP, los cuales trataron de desvirtuarlo introduciendo enmiendas que fueron rechazadas. En cualquier caso, el informe salió adelante por 349 votos contra 110, y con el apoyo de la izquierda europea (la española inclusive).

Son 18 páginas, no es mucho y creo que es bastante interesante. Supone una bofetada terrible para la clase política española, al afirmar que España tiene una situación de corrupción endémica. Este informe será poco aventado por la prensa española, y lástima, porque la primera solución para curar a un tiñoso, es que éste acepte el diagnóstico.

Por si no tenéis tiempo o ganas, intentaré copiar y pegar lo que me parece más jugoso, para que podáis haceros una idea.

Marbella basura

Jueves 26 de marzo de 2009 – Estrasburgo
Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario.

Considerando que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas; que incluso las instrucciones actuales no proporcionan unas medidas de ejecución claras para las autoridades regionales y locales implicadas…

…expresaba también su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas, así como con respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales en España, así como con respecto a los procedimientos de contratación pública, que son objeto en la actualidad de procedimientos judiciales tanto en España como ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Considerando que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas.

Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la
integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos
ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española.

Considerando que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, debido a la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas.

Considerando que el artículo 47 de la Constitución Española determina que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Considerando que la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales y que pueden por tanto situar los proyectos en contravención de la Directiva Marco del Agua2, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y
Valencia.

Considerando que muchas de esas urbanizaciones se encuentran lejos de zonas urbanas consolidadas y exigieron unos gastos notables en servicios básicos como electricidad, agua e infraestructuras viarias; que estas inversiones suelen beneficiarse de financiación comunitaria

…muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente estos objetivos (no solo en las regiones costeras) a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos; considerando que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; considerando asimismo que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión.

Considerando que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la mayor parte del cual está nominalmente protegido en virtud de la Directivas sobre hábitats1/Natura 2000 y aves2, como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en el Cabo de Gata y Murcia, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado.

Considerando que se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales, que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico.

Considerando que el sector de la construcción, que ha obtenido considerables ganancias durante los años de rápida expansión económica, ha pasado a ser la primera víctima del actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario, y que ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas
urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas
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Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador.

Considera que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social.

Pide a las autoridades españolas que desarrollen una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos de la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos

Considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia.

Manifiesta su preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre el blanqueo de dinero, que son objeto ahora de un procedimiento de infracción, lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura.

Considera que si los particulares que adquirieron una propiedad en España a sabiendas de la probable ilegalidad de la transacción realizada pueden ser obligados a soportar los costes del riesgo que asumieron, con más razón debe aplicarse por analogía este mismo razonamiento a los profesionales del sector; por consiguiente, los promotores que celebraron contratos de cuya ilegalidad deberían haber tenido conocimiento no deben tener derecho a compensación por el abandono de unos proyectos debido a la falta de conformidad con la legislación nacional y comunitaria, ni deben tampoco gozar de un derecho de recuperación automática de los pagos ya abonados a los municipios si dichos pagos se realizaron a sabiendas de la probable ilegalidad del contrato que estaban celebrando

Considera, no obstante, que la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente son la primera causa de muchos problemas relacionados con la urbanización, y que esto, combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el
problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción.

Manifiesta su preocupación acerca de la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano.

Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona.

Insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.

La crisis financiera mundial, con lo que ella implica, ha tenido claras y duras consecuencias en el sector español de la construcción, lo que representa una tragedia para los trabajadores afectados. No obstante, ya antes de los acontecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector se encaminaba al desastre. Los años de urbanización masiva y destrucción del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construcción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción esperando comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país. Las autoridades españolas, concretamente las autonómicas, siguen sin querer reconocerlo, mientras que las víctimas se cuentan por miles.

Se han producido daños paisajísticos, como ponen de manifiesto numerosos informes de referencia, mientras que los proyectos urbanísticos pendientes persisten como espadas de Damocles de hormigón sobre un gran número de comunidades costeras y rurales. Es por este motivo que la Resolución pide a las autoridades locales que suspendan y revisen los proyectos existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participación de las comunidades locales en su elección, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales.

Durante la segunda misión, algunos políticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical

Quizás no es una coincidencia que las autoridades españolas judiciales y del orden llevaran a cabo sus investigaciones al mismo tiempo que la comisión realizaba las suyas. Como todos sabemos, el resultado ha sido una lista casi interminable de políticos y funcionarios locales españoles, peninsulares e insulares, que han sido detenidos acusados de corrupción en relación con acuerdos de urbanización masiva celebrados en los últimos años. Ya es un hecho por todos conocido que en la última década se ha empleado más cemento y hormigón en la construcción de viviendas en España que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos.

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La lástima es que el Parlamento Europeo haya intervenido cuando se empiezan a demoler los chalets de los guiris a pie de playa (la mitad del informe es para salvaguardar estas propiedades). Por mí, que les den mucho por culo. Piqueta. O mejor, dinamita. Es lo que verdaderamente necesita la costa española: toneladas y toneladas de dinamita. En medio siglo, volveríamos a tener una costa hermosa, para poderla disfrutar todos sin destruirla con cemento.

Lo que es vergonzoso es que tengan que venir los guiris a sacarnos los colores, diciéndonos lo evidente, lo que todo el mundo sabe y nadie quiere reconocer. Y, pese a este collejón del Parlamento Europeo, los españoles sigamos sin darnos por enterados. ¿A que esto no forma parte del debate político? ¡Cómo podría serlo, si hay coincidencia de objetivos y de intereses entre la clase política! (en esto sí que la izquierda española se ha mantenido beligerante, y es justo reconocérselo).

4 comentarios »

  1. El bipartito P$O@-BNG dio cerrojazo a todos los planes urbanísticos (algunos, aprobados a todo correr durante los últimos años del gobierno de Fraga) con una moratoria de dos años, para darse tiempo a estudiarlos y tumbar aquellos, casi todos, que estuvieran fuera de la legalidad, y obligar a los concellos a rehacerlos.

    Con la vuelta al pasado que estamos viviendo en Galicia, hay claras muestras que ese (insuficiente pero loable) interés por la ordenación mínima del territorio toca a su fin, volviendo la ley de la jungla que imperó en Galicia hasta entonces: cada uno que construya donde le dé la gana, que por parte de la administración no hay ningún problema.

    Una muestra de ello es asociar la Consellería de Medio Ambiente con la de…Infraestructuras! Ya sabemos a qué van a estar supeditadas las consideraciones medioambientales.

    ¿Y a quien han puesto al frente? Al Director General de Obras Públicas durante el fraguismo (responsable, por ende, da Cidade da Cultura): Agustín Hernández. Un fulano que justo antes de dejar la silla, adjudicó obras y contratos a las compañías en las que, a continuación, sería contratado.

    La sensación por tanto de déjà-vu es justificada: ¡son los mismos!

    Si el franquismo, que tuvo en el fraguismo su natural continuación autoritaria y caciquil, supuso la destrucción casi absoluta de los ecosistemas gallegos, la segunda parte neoliberalizadora vendrá a darle la puntilla.

    Otra cosa es quién coño va a comprar luego sus pútridos adosados, ni quién va a querer venir a una tierra destruida por incendios y hormigón, sin nada más que ofrecer al visitante que ostras chilenas a buen precio, en la Piedra. Ah! Y el botafumeiro, que no se me olvide el botafumeiro.

    Esta gente no se enterará que su modelo de crecimiento está muerto, hasta que el olor del cadáver nos apeste a todos. ¿Es que después de la que está cayendo no es evidente? En cuanto salgamos un poco de la crisis, volveremos a construir, y a invertir en ladrillo, aprovechando que está barato.

    Merecemos lo peor.

    Comentario por Mendigo — 20 abril 2009 @ 12:44 | Responder

  2. Justamente quería hacer un post sobre el tema de la fusión de esas consellerías y los puestos al frente de las mismas. Sencillamente me he quedado alucinado. Y viene tan a cuento con lo del informe Auken…

    Comentario por wenmusic — 20 abril 2009 @ 15:47 | Responder

  3. Pues no te prives, Wen. Si sobre este tema hay mucho que hablar, y más que tendremos que decir en un futuro…

    Si la reincidencia es agravante, lo cierto es que Galicia tiene delito…

    Comentario por Mendigo — 20 abril 2009 @ 16:56 | Responder

  4. Cae el Algarrobico del Cantábrico
    Ejecutado 15 años después del fallo judicial el primer derribo de una urbanización ilegal en Cantabria. Los ecologistas llevan décadas denunciando actuaciones urbanísticas irregulares.

    “Cumplir los fallos no es un capricho”
    José Ángel Herrera. Vicepresidente del ARCA

    Comentario por Mendigo — 30 abril 2009 @ 7:56 | Responder


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