Concentración municipal

Hoy os quiero proponer un tema de debate bastante polémico: la pretensión de eliminar los ayuntamientos despoblados, uniéndolos a otros más grandes. Aquí la discusión está asegurada, y la ruptura no es tanto en los tradicionales bandos de derecha e izquierda, sino de la España rural y la urbana (que ni se comprenden, ni hacen esfuerzo por hacerlo).

Para poner las cifras en relación, voy a tomar el ejemplo que me queda más próximo: la provincia de Ourense.

En Ourense hay 92 concellos. Normalmente el límite para conservar la autonomía se pone en los 5.000 habitantes. En la provincia, eso significaría disolver 82 de los 92 ayuntamientos. Sólo se salvarían Ribadavia, Celanova, Allariz, Pereiro de Aguiar, Bardabás, Xinzo, O Barco, Carballiño, Verín y la capi, Ourense.

Esto no quiere decir necesariamente que de 92 concellos se pasase a 10, porque algunos de los desaparecidos podrían agregarse para sumar esos 5.000 habitantes.

Todos sabéis aquí el profundo asco que me da Rosa Díez y su partiducho de extremo centro. Este partido tiene su base electoral en los entornos urbanos, siendo desconocido e irrelevante en el rural, donde tardan en calar las modas. Es por ello que es UPyD el que más énfasis pone en esta cuestión, subiendo el listón para tener ayuntamientos viables a los 20.000 hab. Rosa Diez nunca ha mostrado respeto a Galicia, ni a su cultura, ni a su idioma, y tampoco entiende la dispersión poblacional gallega. Galicia (aún) no es Castilla.

Ningún concello de Ourense, salvo la misma ciudad de Ourense, llega (ni tan siquiera se acerca), a esos 20.000 hab.

Voy a dar mi opinión, que estoy seguro no compartirá nadie (o eso espero, lo cual habla bien de vuestra salud mental).

Para empezar, siempre he querido una república, pero una República Galega. La independencia de España es la única forma de preservar para el futuro su cultura, su misma existencia como ente diferenciado. En todo caso, tendría un cierto sentido una reedición del Reino de León, es decir, juntando a Galicia con sus primos culturales: leoneses y asturianos, ayudándoles en su proceso de preservación y perpetuación de su cultura. Aunque estos últimos no parecen estar por la labor.

Es en este marco de una Galiza independiente, donde planteo la administración única. Desaparición de los ayuntamientos, cueva de ladrones (y sus subunidades, los pedáneos) y desaparición, por supuesto, de las Diputaciones (aquí en Galicia, caldo de cultivo de la corrupción clientelar, cuyo epicentro está precisamente en el marquesado hereditario de los Baltar, padre e hijo: Ourense). Además, la división provincial es absolutamente arbitraria, llevada a cabo en el s.XIX por un noble andaluz durante la regencia de Maria Cristina, sin respetar las antiguas marcas (por ejemplo, las siete provincias gallegas, establecidas desde el siglo XV, o las cinco medievales). Una provincia no define ninguna realidad histórica, étnica o sociológica, es una unidad administrativa que básicamente sirve para que, durante décadas, se hablase de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra para no llamar a esta tierra por su nombre: Galicia.

El Estado se muestra como un único ente responsable, sin solapamientos y lagunas competenciales que puedan servir de excusa a una mala actuación. Por supuesto, ello inscrito en un sistema radicalmente democrático, que vaya avanzando en la Democracia directa, es decir, la participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno. Esto no implica alejamiento de la ciudadanía, como la concentración municipal: el Estado Galego (en mi ejemplo) podría tener oficinas en las ciudades y villas que hiciera falta. Además de, por supuesto, simplificar todo el absurdo burocrático empleando dos herramientas que nacieron en el pasado siglos: la informática y las redes de comunicación. La Administración tiene métodos del s.XIX, aunque use sistemas del s.XIX. Algo tan sencillo como compartir las bases de datos ahorraría tiempo y esfuerzo en papeleos inútiles (aportar documentos que demuestren un hecho del que el mismo Estado tiene constancia, que de hecho me expide otra oficina de ese mismo Estado).

La burocracia inútil sólo sirve para justificar su misma existencia, consume recursos públicos (sobran ventanilleros y faltan profesores y médicos) y recursos privados (el tiempo perdido en estas mamarrachadas, que además sólo pueden ser hechas en horario de mañana, es muchas veces a costa de permisos en el trabajo).

Pero esta es mi propuesta, radical para unos, demencial para otros. Vamos a discutir la que se está proponiendo, la eliminación de municipios (que, por cierto, no puede forzarse por puro impedimento legal, los ayuntamientos tienen reconocida la autonomía).

Innegablemente, la «coalescencia municipal» comporta ventajas administrativas, lo que se suele llamar economías de escala. Con ello mejoraría algo la eficiencia del aparato burocrático, aunque mínimamente en comparación con la revolución que yo planteaba antes. De hecho, a la hora de prestar ciertos servicios (recaudación municipal, servicio de basuras) ya los mismos ayuntamientos se unen en mancomunidades para poder realizarlos de una forma más eficiente (manteniendo las estructuras políticas intactas).

Es en este apartado donde se podrían apreciar las mayores ventajas. Los municipios pequeños son poco más que una comunidad de vecinos grande, con lo que eso significa de rencillas, grupitos y demás bajezas que van asociadas al género humano cuando de convivir se trata. Desde alcaldes que apagan las farolas de los que no votan a su partido, a permisos de construcción que se demoran años porque el cartero se ha chivado que el interesado recibe correspondencia de un partido que no es de orden. La política municipal es un muladar.

El reparto de cargos en los ayuntamientos es la base sobre la que se sustenta el caciquismo, pagando con dinero público una política de contrataciones que responde al interés partidista o, simplemente, personal del alcalde. No son sólo las concejalías, en algún caso cuyo sueldo es superior al presupuesto que debe administrar o el personal laboral, incluso los puestos cubiertos por oposición acaban en manos de parientes o afines: por ejemplo, convocando oposiciones 15 días antes, mientras que el ungido lleva estudiando meses ese temario, y cuya baremación de méritos se adapta como un guante al candidato. De esta forma, ya tenemos a la mujer del alcalde atornillada a un puestecito apañado en la oficina por los siglos de los siglos (y de forma absolutamente legal, ya que medió oposición, aunque sólo se presentase un candidato).

Hace poco leía dos entradas en sendos espacios muy diferentes sobre la intención de Espe de recortar parlamentarios regionales. En uno, JaviMoscas criticaba la iniciativa porque suponía una merma democrática. En el otro, El Blog Salmón, IC proponía ir más lejos y suprimir todos los escaños, reduciendo la representación a un parlamentario por cada formación política, que tuviera un voto ponderado por el número de escaños obtenido. El resultado sería, obviamente, el mismo, pues la disciplina de partido exige a los parlamentarios que voten como autómatas, contraviniendo el texto constitucional.

He de decir que, sorprendentemente, me convencen más las razones del segundo.

Si se mide, como yo lo hago, la calidad democrática de un sistema en la capacidad que tiene el pueblo de convertir sus aspiraciones en leyes, en la fidelidad con que se refleja su voluntad en el gobierno, mayor o menor número de representantes no implican necesariamente una democracia más perfecta. El número de procuradores en las Cortes franquistas era similar al número de diputados actual, sin que haya comparación de representatividad y, por lo tanto, de legitimidad entre unas y otras. De la misma forma, el Folketinget, el Parlamento Danés, tiene la mitad de representantes que el español, sin embargo, es más democrático en tanto la proporcionalidad entre la voluntad del soberano expresada en el voto y los escaños obtenidos es mucho más directa (el sistema electoral danés no cocina los resultados).

Más políticos no implica más Democracia, igual que más jueces no implica más Justicia, y muchas veces se verifica lo opuesto.

De hecho, el método propuesto por IC, de un parlamentario por partido, si el voto de cada uno tuviera la ponderación del resultado de votos obtenidos sería mucho más democrática que el tergiversado reparto actual de escaños, de marionetas pulsando un botón al unísono. Aún más cuando todos sabemos que el sentido de la votación se decide fuera de los parlamentos, en los despachos de Génova o Ferraz en el mejor de los casos.

Pasando este tema al ámbito municipal, prescindir de unas cuantas decenas de miles de paniaguados de los partidos creo que redundaría en bien de la democracia, siendo el ahorro económico quizá lo menos importante. Nuestros pueblos y ciudades están regidos por tipiños que no tienen preparación, en muchos casos, ni para regentar un bar.

Se le pone a un garrulito cientos de millones delante, y luego pasa lo que pasa. Aunque también la baja formación de la clase política (y la falta de ética) pasa factura en las escalas provincial, autonómica y central del Estado, para ser sinceros. Iba a poner enlaces a ejemplos pero sería injusto para todos los que se quedarían fuera.

Por cierto, que es esta pérdida de capacidad para recompensar con dinero público a los fieles del partido una clara pérdida de poder del cacique local, por ello es de estos sectores de donde surgen las más férreas resistencias a la disolución de los ayuntamientos (empezando por el miedo a perder el salario de alcalde, a ver cómo iba a ganar un garrulito los miles de euros que se autootorgan de salario y dietas).

Hasta aquí las ventajas, mayor eficiencia que se traduce en ahorro (no mucho), calidad democrática al limpiar nidos de caciquismo (tampoco se adelanta mucho, habría que acometer reformas en transparencia y buen gobierno). Ventajas sobre todo percibidas por la población urbana, a la que esta cuestión no le afecta.

En el rural, es muy diferente, y la supresión de ayuntamientos tiene muchos flecos, empezando por el emocional. Perder el ayuntamiento en beneficio del pueblo de al lado supone un aldabonazo en la conciencia de ambos pueblos, una afrenta de las que terminan a pedradas… o tiros (aunque parezca mentira aún hay límites municipales que no están claros y que llevan a periódicas riñas). Y tienen razón en tomárselo en serio, porque además del orgullo patriótico, siempre risible, la pérdida del ayuntamiento significa una mina en el futuro de un pueblo.

Directamente, se pierden una serie de puestos de trabajo administrativos (bien remunerados) que se desplazan a la villa de referencia. Tarde o temprano, esos trabajadores acabarán mudándose a la villa que acoja el ayuntamiento agregado. Se llevarán a sus hijos, especie animal que escasea en los pueblos, poniendo en támbalas el futuro de la escuela. La escuela es un elemento muy importante a la hora de fijar población joven, la más dinámica (económica y demográficamente), en un pueblo.

Pero no sólo es la escuela la que tambalea si un pueblo pierde su rango de municipio. Algo tan importante para los mayores como el consultorio médico es posible que se centralice en la villa. La farmacia irá detrás. Si hubiera una sucursal de algún banco o caja, y más con la que está cayendo, se plantearán si conviene cerrarla con unas perspectivas de menor actividad. En resumen, un pueblo que pierda el ayuntamiento sufrirá de forma clara un declive, económico y demográfico. Quiero decir, se intensificará esta tendencia que, de todas formas, existe.

Por eso, hacen bien los lugareños en defender su independencia municipal, pues de esta forma el pueblo recibe un flujo de dinero en forma de servicios que, de la otra forma, irá directamente a la villa. Si un pueblo pierde el municipio, se convierte en otro pueblo más como los que lo rodean, habitado por viejos y condenado a desaparecer con el tiempo.

Lo cual no es necesariamente malo, o no todos sus aspectos son negativos. Culturalmente, es una tragedia la despoblación del rural. Se arruinan las casas típicas (igualmente se están arruinando, ya que la gente se hace su chalecito con finca en las afueras, dejando que el centro del pueblo se venga abajo), se pierden las costumbres y la forma de organización tradicionales, se abandonan los campos.

Pero desde un punto de vista de eficiencia económica y energética, es mucho más eficiente prestar servicios a una población urbana que en una población dispersa en pequeños núcleos rurales. Desde la infraestructura como la traída de agua y la depuración, el suministro eléctrico o la red de carreteras, pasando por la energía consumida en desplazamientos diarios de la residencia en el pueblo al centro de trabajo en la villa, casi siempre en transporte privado, a la mayor eficiencia energética de los edificios de varias plantas y su menor huella en el entorno (mil personas en casas unifamiliares ocupan mucho más espacio que en bloques de pisos). Menor población rural también significa menor presión sobre el medio natural, menos caza, menos incendios, menos talas de árboles para usarlos como leña…

En una villa-ciudad se racionaliza la prestación de servicios que, con una población dispersa, son mucho más costosos de prestar. En los pueblos quedarán sólo los productores primarios (agricultores / ganaderos) que tienen en ese pueblo su centro de trabajo. Con la tecnificación, el campo es capaz de mantener cada vez a menos brazos, así que asistimos a un fenómenos imparable, que viene de largo, a nivel mundial.

Como resumen, sin ninguna duda, la concentración municipal provocará o acelerará la despoblación en el rural, no se puede engañar a nadie. Este fenómeno tiene, empero, aspectos tanto positivos como negativos, que cada uno valorará según cómo le afecten.

Nota: la eficiencia energética de las entidades de población sigue una campana, alcanza un máximo en una población de unos 100 a 200.000 habitantes y a partir de ahí mengua (en Ourense puedes ir al trabajo andando o en bicicleta, en Madrid las distancias exceden muchas veces la escala humana, el medio no es capaz de evacuar los contaminantes, las vías de comunicación se colapsan…).

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EDITO:

Santi me pasa este interesante enlace: Deuda municipal en España: el tamaño sí importa (y mucho)