La política fiscal, la teoría de juegos y el cambio climático.

En este artículo, procuraré exponer cómo usar la política arancelaria como herramienta para lograr la reducción global de las emisiones contaminantes, con una pequeña referencia a la teoría de juegos.

La mejor arma que existe contra el cambio climático es… el cerebro. En vez de proponer magufadas termodinámicamente absurdas acerca de la captura de carbono, deberíamos empezar por plantear el problema en términos que nos den una pista para una posible solución con las herramientas de las que ya disponemos.

El principal obstáculo para lograr un escenario de reducción multilateral de las emisiones de los gases de efecto invernadero y, en general, las emisiones contaminantes, es que su formulación responde exactamente al dilema del prisionero (para los no familiarizados con este problema clásico de la teoría de juegos, sugiero leer algo sobre ello antes de continuar). Con el agravante de que existen muchos prisioneros en la celda, y por lo tanto es más difícil alcanzar la unanimidad y más fácil que uno decida aprovechar la situación y chivarse del plan de fuga.

Esto es, todos sabemos que el óptimo consiste en que todos los Estados cooperen y se vuelquen en un esfuerzo parejo de reducción de emisiones (centrémonos en los gases de efecto invernadero, pero podría aplicarse a cualquier contaminante). Pero éste es un equilibrio inestable, ya que si uno de los presos decide traicionar a los demás y sigue contaminando como antes, obtiene una ventaja competitiva sobre los demás al poder producir más barato. De esta forma, la introducción de un solo delator implica que todos los Estados correrán a traicionar a sus compañeros para no perder competitividad y descubrirán al carcelero el túnel que estaban excavando para poder escapar, y que supondría la salvación de todos.

Reducir las emisiones es costoso, implica adoptar tecnologías y procesos que comportan una fuerte inversión, muchas veces también con costes más altos de operación, y minan la rentabilidad y la competitividad de la industria considerada. En otros términos: hay que esforzarse en cavar el túnel, y deben comprometerse a cavar todos. Y, especialmente en el caso del CO2 y demás gases de efecto invernadero: al distribuirse en la atmósfera, es indiferente quién emita ya que el daño es común.

En resumen: tal y como está planteado actualmente el problema, existe un fuerte incentivo a traicionar a los compañeros y no reducir las emisiones (no al menos de forma suficiente para evitar una catástrofe climática). Podemos decir que la Cumbre del Clima de París es un equilibrio de Nash: todos los prisioneros deciden traicionar a sus compañeros. Eso sí, diplomáticamente y guardando las formas, para que no se altere la convivencia en la celda (fracaso es una palabra muy fea, así que mejor lo expresamos como un éxito en NO llegar a ningún compromiso).

Tal y como está planteado ahora mismo el problema, la solución es apelar a la buena voluntad del mundo entero; lo que es lo mismo que reconocer que no hay solución. Para salir de esta encerrona lógica que nos lleva al desastre climático, hay que introducir algún elemento que suponga un cambio en las condiciones del juego, para que los jugadores se desplacen a otro punto de equilibrio que beneficie a todos.

Bien, yo propongo una modificación del tablero de juego que podría perfectamente implementarse en muy poco tiempo y desatascaría la situación, introduciendo un elemento que incentive la reducción de emisiones.

Paso a exponerlo: Muchas veces he comentado la enorme potencia que tiene el concepto de imputar externalidades al que incurre en ellas y obtiene provecho. Es un principio muy sencillo de entender por cualquiera: si alguien opera un negocio contaminante, no puede ser que se lleve los beneficios, y la sociedad soporte gratuitamente las consecuencias de la contaminación. Habrá que cuantificar los daños asociados a la operación de esa empresa, y pasarle la minuta (generalmente, en forma de tasa fiscal) para resarcir a la sociedad por esos daños. De esta forma, forzamos la adopción de medidas que controlen esas emisiones o procesos que las minoren, so pena de que la factura fiscal saque al contaminador del mercado.

Pues bien, se trata de extender este principio al comercio internacional, instituyéndolo como principio de la política arancelaria de la Unión Europea. Esto es, todo bien importado deberá pagar unas tasas proporcionales al exceso de daño causado en su fabricación, tomando como base lo que costaría en términos ambientales fabricar ese bien en Europa. Las empresas podrían someterse voluntariamente a auditorías ambientales independientes para determinar el consumo de energía y materias primas en que se incurre para disponer en el mercado europeo de ese bien (incluyendo el transporte), y según las fuentes de una y otras, las agresiones al medio natural en que se ha incurrido. De forma directamente proporcional a este daño, se calculará el impuesto que permitirá igualar ambientalmente el producto importado respecto al homólogo europeo, y podrán entonces competir en igualdad de condiciones en los anaqueles de las tiendas europeas.

Por supuesto, esta auditoría sería voluntaria; se aplicaría un cálculo general a los productos de las empresas que no estuvieran dispuestas a someterse a ella, con datos medios según la industria y el país de origen.

Es cierto que esta revolución arancelaria corre el riesgo de desatar una guerra comercial, pero tengo buenos motivos para creer que la sangre no llegaría finalmente al río.

Primero, hemos de ser conscientes de que la UE es la mayor potencia económica mundial, y un descomunal mercado en el que quieren estar presentes todos los jugadores. Es más, en esta política podrían secundarnos otros países como Suiza o Noruega que, no estando en la UE, comparten nuestros principios. Es más, si la política exterior europea fuera digna de ese nombre, debería buscar apoyos en países fuera del continente para adoptar esta mecánica arancelaria, estimulando su reciprocidad: los productos europeos deberían demostrar su limpieza para entrar sin sobrecargo en terceros países.

Segundo, no es una política que se dirija contra nadie en particular, sino que señala a los sectores y países más contaminantes. Pero no es nominal ni determinista: pueden reducir la factura avanzando por la senda de la descarbonización. De hecho, Europa contraería un gran compromiso: el de no gravar las importaciones que demostrasen tener asociadas emisiones en nivel igual o inferior a la producción local (un verdadero caramelito, para según que países y sectores). Esto estimularía a su vez el esfuerzo europeo por no dormirse en los laureles y perseverar en la reducción de emisiones contaminantes.

Al ser percibido por la sociedad como una tasa justa y con un objetivo que no es exagerado calificar como salvífico, sería mucho más difícil de cara a la opinión pública interna de terceros países justificar la apertura de hostilidades comerciales con la UE a causa de esta nueva política arancelaria (e, insisto, somos la mayor superpotencia económica, quien se nos enfrente en una guerra arancelaria tiene muchas posibilidades de dejarse los bigotes en la gatera). A regañadientes, pero todo el mundo acabaría viéndose forzado a jugar con nuestras condiciones y entrando en la competición por la reducción de emisiones.

Y aquí vuelvo a ampliar: este concepto no es solamente aplicable a la reducción de la huella de carbono en la industria, sino a toda aquella agresión al medio natural asociada a la producción del bien en cuestión, sea deforestación, vertidos en cursos de agua, contaminación por SOx, NOx, O3 o PM<5 del aire en núcleos urbanos, et caetera. Esas agresiones deben ser cuantificadas e imputadas al producto en cuestión, en la medida que haya incurrido en ese consumo de materias primas y energía.

De hecho, también sería una oportunidad para introducir incentivos para evitar la explotación humana, castigando por medio de tasas más altas no sólo el dumping ecológico, sino también el dumping social (jornadas laborales de más de 40 horas, salarios misérrimos, accidentalidad laboral…). De esta forma, devolveríamos la competitividad perdida a la industria europea al igualar términos, imputando las externalidades en que sus homólogas incurren a costa de sus poblaciones, los ecosistemas y toda la Humanidad. Recíprocamente, Europa tendría un acicate para seguir mejorando las condiciones sociales y ecológicas de su economía (para meter más diferencia a sus competidores y, por lo tanto, mayor gravamen) y no como actualmente, que el incentivo es a reproducir las condiciones de producción en los países menos desarrollados.

En definitiva: para ganar competitividad en los mercados globales, los jugadores deberían esforzarse en contaminar menos. Esto supondría invertir la tendencia actual (ganar competitividad rechazando la adopción de medidas para reducir las emisiones), revirtiendo las condiciones del problema y poniéndolas a operar a nuestro servicio.

Esto es obrar con inteligencia. Y para esto, no hace falta ninguna máquina mágica que contravenga los principios de la termodinámica. Basta disponer de voluntad política, lealtad para con la ciudadanía y la Humanidad (la presión usamericana sería tremenda) y algo en la mollera.

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